El Congreso toma una decisión histórica
El Congreso de los Diputados ha decidido suspender de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo.
La medida, aprobada este miércoles por la Mesa del Congreso con el apoyo de PSOE y Sumar, supone uno de los movimientos más contundentes realizados hasta ahora contra dos figuras muy polémicas dentro de la cobertura parlamentaria.
Aunque la suspensión ya ha sido aplicada de forma cautelar, ambos disponen de un plazo de diez días para presentar alegaciones y recurrir la resolución.
Meses de tensión dentro de la Cámara
La decisión llega después de meses de conflictos y denuncias relacionadas con el comportamiento de ambos comunicadores en las instalaciones del Congreso.
El órgano de gobierno de la Cámara llevaba tiempo estudiando diferentes incidentes que habían generado malestar entre diputados, periodistas acreditados y servicios jurídicos.
Finalmente, la Mesa decidió aplicar el nuevo Reglamento del Congreso de 2025 y recurrir a la Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas para justificar la suspensión.
Los incidentes que desencadenaron la sanción
En el caso de Vito Quiles, una de las principales denuncias estuvo relacionada con la grabación sin permiso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro del Congreso.
Por su parte, Bertrand Ndongo fue señalado por boicotear una rueda de prensa organizada por Sumar, generando fuertes críticas tanto dentro como fuera de la Cámara.
Estos episodios fueron considerados “incidentes graves” y terminaron acelerando la decisión definitiva del Congreso.
La reforma del reglamento, clave en el proceso
La suspensión de ambos acreditados se ha producido gracias a la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Congreso aprobado en 2025.
Dicha reforma introdujo mecanismos más estrictos para controlar el comportamiento de las personas acreditadas como prensa parlamentaria y facilitar sanciones en casos considerados incompatibles con la actividad periodística.
Además, tanto Quiles como Ndongo acumulan varios expedientes abiertos por parte del Consejo Consultivo de Comunicación.
PP y Vox rechazan las sanciones
La decisión ha provocado un nuevo choque político dentro del Congreso.
PP y Vox han mostrado su rechazo frontal a las medidas adoptadas y se han desmarcado del funcionamiento del Consejo Consultivo de Comunicación.
De hecho, ambas formaciones llevan tiempo ausentándose de sus sesiones y consideran que las sanciones responden a motivos ideológicos más que disciplinarios.
Los partidos conservadores defienden que ambos comunicadores están siendo perseguidos por sus preguntas incómodas y por su línea editorial.
Las asociaciones de prensa respaldan la decisión
Sin embargo, gran parte de las asociaciones de periodistas han apoyado públicamente la medida tomada por el Congreso.
En los últimos meses, numerosos profesionales de la información habían denunciado situaciones de tensión y hostigamiento dentro de las ruedas de prensa parlamentarias.
Incluso llegaron a manifestarse bajo el lema “señalar no es periodismo”, criticando el uso de las acreditaciones para acosar principalmente a representantes de izquierdas y dificultar el trabajo del resto de medios.
Según estas organizaciones, el problema no tiene que ver con la libertad de expresión, sino con el respeto a las normas básicas de convivencia profesional.
Un caso que sigue generando enorme polémica
La suspensión de Vito Quiles y Bertrand Ndongo ya ha abierto un intenso debate político y mediático en España.
Mientras unos consideran que se trata de una medida necesaria para proteger el trabajo parlamentario y el periodismo profesional, otros denuncian un supuesto intento de censura contra voces incómodas para el Gobierno.
En cualquier caso, la resolución todavía no es definitiva y ambos podrán defenderse durante los próximos días antes de que el Congreso adopte una decisión final.
El Congreso endurece el control sobre las acreditaciones
La suspensión cautelar de Vito Quiles y Bertrand Ndongo marca un antes y un después dentro del Congreso de los Diputados.
La Cámara apuesta ahora por aplicar con más dureza las normas internas frente a comportamientos considerados inapropiados, en medio de un clima político cada vez más polarizado y tensionado.
