El recuerdo de aquella conversación de 2018 vuelve a aparecer como una sombra incómoda sobre el sistema judicial español. Ignacio Cosidó, entonces senador del Partido Popular, hablaba en un grupo de WhatsApp de “controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por detrás”. Una frase que, con el paso del tiempo, ha adquirido un peso simbólico mucho mayor del que parecía en su momento.

Porque no se trata solo de una frase.

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Se trata de lo que implica.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo no es un órgano cualquiera. Es la instancia que investiga y juzga a los aforados. Es, en la práctica, un espacio donde confluyen poderes decisivos del Estado. Su capacidad de actuación no solo afecta a individuos, sino al equilibrio institucional en su conjunto.

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Por eso, cuando se plantea la idea de “controlarla”, el debate deja de ser político y pasa a ser estructural.

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, evita alimentar sospechas directas. Se mueve con cautela. Insiste en que no puede ni debe proyectar dudas sobre una institución como el Tribunal Supremo. Sin embargo, reconoce implícitamente la magnitud del poder concentrado en esa sala. Un poder que, en su opinión, podría generar desequilibrios si no se distribuye adecuadamente.

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Ese contexto es clave para entender lo que vino después.

Su propio caso.

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La condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos no solo marcó el final de su etapa como fiscal general, sino que abrió un debate mucho más amplio sobre el funcionamiento de la justicia, las filtraciones y el uso político de los procesos judiciales.

Desde el inicio, García Ortiz defendió una idea central: él no filtró nada.

Lo repite con rotundidad.

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Asegura que los testimonios de los periodistas durante el juicio refuerzan esa versión. Ninguno lo señaló como fuente. Al contrario, varios indicaron que la información procedía de la Fiscalía Superior de Madrid, no de la Fiscalía General del Estado.

Ese detalle, aparentemente técnico, cambia el foco del relato.

Pero no fue suficiente para evitar la condena.

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El exfiscal insiste en que en derecho penal no basta con señalar a otro para probar la inocencia. Lo que importa es demostrar que uno no cometió el delito. Y en su caso, asegura que esa prueba existía.

Aun así, la sentencia llegó.

Y fue, según sus propias palabras, una sorpresa.

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Una sorpresa dura.

El momento en que recibió la noticia quedó grabado con precisión. Estaba en su despacho, trabajando, cuando recibió la llamada de su abogado. Después, la primera llamada que hizo fue a su mujer. La reacción fue inmediata: un silencio, seguido de una frase que resume el impacto emocional del momento.

“No me lo puedo creer”.

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Pero el proceso no solo se desarrolló en los tribunales.

También en la esfera pública.

García Ortiz habla de una “intoxicación” deliberada. Señala directamente al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Según su relato, hubo un intento claro de cuestionar la profesionalidad de la Fiscalía y de generar un clima de sospecha.

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Un clima que, con el tiempo, terminó consolidándose.

La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su despacho fue uno de los momentos más impactantes del proceso. Diez horas de registro. Diez horas que, según describe, vivió con incredulidad absoluta.

No por la actuación de los agentes, a quienes reconoce profesionalidad.

Sino por el sentido de la operación.

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Porque, según argumenta, si el supuesto delito ya estaba reconocido públicamente meses antes, no tenía lógica registrar el despacho del fiscal general. Para él, fue un acto innecesario, casi simbólico, con un efecto claro en la opinión pública.

Una imagen que marca.

Una etiqueta difícil de borrar.

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En paralelo, otro elemento llama la atención: el papel de las acusaciones populares.

Distintas entidades, desde asociaciones de fiscales hasta organizaciones y partidos políticos, se personaron en la causa solicitando penas de prisión. García Ortiz considera esta situación una anomalía del sistema español. Una herramienta que, en su opinión, puede ser utilizada con fines políticos más que jurídicos.

La acumulación de actores en su contra dibuja un escenario de presión múltiple.

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Y refuerza su percepción de que el caso trascendía lo estrictamente legal.

Sin embargo, el punto más delicado aparece cuando se aborda la posible falta de imparcialidad en el proceso. Surgen referencias a relaciones previas entre magistrados y abogados implicados, así como a informaciones que podrían haber circulado antes del juicio.

García Ortiz evita entrar en acusaciones directas.

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Pero deja una reflexión clara: un juez no debería tener conocimiento previo de los hechos fuera del proceso judicial.

Porque eso afecta a la apariencia de imparcialidad.

Y la apariencia, en justicia, es casi tan importante como la realidad.

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El propio desarrollo del juicio también dejó momentos incómodos. El exfiscal reconoce haberse sentido maltratado en determinadas intervenciones, especialmente cuando fue señalado directamente por algunas de las partes con una intensidad que considera innecesaria.

No cuestiona la legalidad del proceso.

Pero sí el tono.

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La forma.

Porque incluso en un juicio, afirma, la dignidad del acusado debe ser respetada.

Al final, la pregunta que sobrevuela todo el relato no es solo jurídica.

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Es política.

¿Se juzgaba al fiscal general?

¿O se buscaba un impacto mayor?

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García Ortiz plantea una hipótesis: si hubiera dimitido antes de la sentencia, el efecto político habría sido inmediato y habría alcanzado directamente al presidente del Gobierno. En ese sentido, su permanencia habría contenido ese impacto.

Hasta que la sentencia hizo inevitable la dimisión.

El caso, lejos de cerrarse, deja abiertas múltiples líneas de reflexión. Sobre el papel de la justicia, sobre la presión mediática, sobre el uso de las instituciones en la batalla política.

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Y sobre todo, sobre una idea que recorre todo el relato:

En España, el poder judicial no solo juzga.

También está en el centro del conflicto.

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