¿QUIÉN PROTEGE AHORA A LOS MENORES MIGRANTES? EL GIRO DEL PP ENTREGA A VOX UN PODER QUE DESATA LA MAYOR TORMENTA POLÍTICA DEL AÑO
La extrema derecha asume competencias clave sobre miles de menores extranjeros tras los pactos con el Partido Popular en Aragón, Castilla y León y Extremadura
El presidente de Vox Santiago Abascal, durante un mitin. EP.
España vuelve a enfrentarse a una de las controversias más explosivas de los últimos años. Lo que comenzó como una negociación política para garantizar gobiernos autonómicos tras las elecciones ha terminado provocando un terremoto institucional cuyas consecuencias apenas empiezan a vislumbrarse.
Los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox en varias comunidades autónomas han colocado en manos de la extrema derecha competencias especialmente sensibles: la tutela, acogida y atención de menores migrantes no acompañados.
La noticia ha provocado una fuerte reacción entre organizaciones sociales, asociaciones de defensa de los derechos humanos y sectores políticos que consideran que la decisión supone un cambio histórico en la gestión de una de las cuestiones más delicadas del sistema de protección español.
Por primera vez, Vox tendrá una capacidad directa de influencia sobre políticas que afectan a miles de niños y adolescentes extranjeros que llegan solos a territorio español.
Y la pregunta que muchos se hacen ya no es únicamente política.
La pregunta es mucho más inquietante:
¿qué ocurrirá ahora con esos menores?
Un poder que Vox llevaba años persiguiendo
Desde hace años, la inmigración ocupa una posición central en el discurso político de Vox.
La formación liderada por Santiago Abascal ha convertido la llegada de inmigrantes en uno de sus principales ejes ideológicos, defendiendo restricciones más severas, deportaciones masivas y una revisión completa del modelo migratorio español.
Dentro de ese discurso, los menores extranjeros no acompañados —frecuentemente identificados mediante el término MENA— han ocupado un lugar especialmente destacado.
Durante numerosas campañas electorales, dirigentes del partido han utilizado la cuestión de estos menores como símbolo de lo que consideran un fracaso de las políticas migratorias del Gobierno central.
Ahora, gracias a los pactos firmados con el Partido Popular, Vox no solo podrá criticar esas políticas.
Podrá gestionarlas.
Y eso cambia completamente el escenario.
El precio de los pactos
Tras las elecciones autonómicas, el Partido Popular necesitaba apoyos para gobernar en varias comunidades.
Las negociaciones con Vox acabaron desembocando en acuerdos de coalición que otorgaron a la extrema derecha áreas de enorme relevancia institucional.
Entre ellas destacan las competencias relacionadas con familia, bienestar social y atención a menores.
En Aragón, Extremadura y Castilla y León, los departamentos encargados de estas materias han quedado bajo control directo de responsables vinculados a Vox.
No se trata de una cuestión simbólica.
Son precisamente estas consejerías las que gestionan centros de acogida, programas de integración, atención psicológica, educación y protección de menores extranjeros que llegan solos a España.
Es decir, las estructuras que determinan buena parte de la vida cotidiana de miles de niños y adolescentes.
Para los críticos de estos acuerdos, el problema es evidente.
Entregar estas competencias a un partido que ha construido parte de su discurso político cuestionando la presencia de esos menores genera un conflicto que consideran profundamente preocupante.
La batalla por el reparto de menores
El conflicto adquiere una dimensión todavía mayor debido a la situación que vive actualmente España.
Las Islas Canarias continúan recibiendo una presión migratoria muy elevada, lo que ha obligado al Gobierno central a impulsar mecanismos de reparto solidario de menores entre las diferentes comunidades autónomas.
El objetivo es aliviar la saturación de los sistemas de acogida canarios y garantizar una atención adecuada a los jóvenes migrantes.
Sin embargo, Vox ha rechazado frontalmente esa estrategia.
La formación considera que los repartos obligatorios son un error y ha prometido combatirlos por todas las vías posibles.
Los acuerdos firmados con el Partido Popular reflejan precisamente esa posición.
En algunos de los textos pactados, ambas formaciones se comprometen a oponerse política, jurídica e institucionalmente a los mecanismos impulsados desde Madrid.
La consecuencia es que el choque entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas podría intensificarse durante los próximos meses.
Y en el centro de esa batalla aparecen miles de menores cuya situación depende de decisiones administrativas y judiciales cada vez más complejas.
Las polémicas pruebas de edad
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva estrategia defendida por Vox tiene que ver con las pruebas de determinación de edad.
La formación sostiene que existen casos de fraude y que algunas personas que afirman ser menores serían en realidad adultos.
Por ello, varios dirigentes han reclamado ampliar los controles y realizar más verificaciones.
En Aragón, por ejemplo, responsables autonómicos han anunciado su intención de solicitar pruebas forenses para comprobar la edad de determinados jóvenes.
La medida ha generado un intenso debate.
Diversas organizaciones internacionales llevan años advirtiendo sobre las limitaciones científicas de algunos de estos métodos, cuestionando su precisión y alertando sobre posibles vulneraciones de derechos.
Además, la legislación actual establece que la decisión final sobre estas pruebas corresponde al Ministerio Fiscal y no a los gobiernos autonómicos.
Por tanto, incluso aunque exista voluntad política, las comunidades se enfrentan a importantes límites legales.
El choque con los tribunales
La situación se complica aún más debido a las recientes resoluciones judiciales.
El Tribunal Supremo ha reforzado en diferentes ocasiones el principio de protección de los menores en situaciones de duda.
En términos prácticos, eso significa que cuando no existe certeza absoluta sobre la edad de una persona, debe prevalecer inicialmente la consideración de menor para garantizar sus derechos fundamentales.
Esta doctrina choca con algunas de las propuestas defendidas por sectores de la extrema derecha.
Y anticipa un escenario de posibles conflictos judiciales.
Expertos en derecho migratorio advierten de que cualquier intento de endurecer los procedimientos podría acabar generando recursos, litigios y nuevas controversias legales.
El giro del Partido Popular
Uno de los aspectos más llamativos del debate es la evolución del propio Partido Popular.
Durante años, numerosos dirigentes populares defendieron posiciones más moderadas respecto a la acogida de menores extranjeros.
Sin embargo, el endurecimiento del discurso migratorio y la necesidad de alcanzar acuerdos con Vox han modificado significativamente el panorama.
La oposición frontal al sistema de reparto impulsado por el Gobierno central marca una diferencia notable respecto a etapas anteriores.
Los críticos consideran que el PP ha asumido buena parte del marco ideológico planteado por Vox.
Desde Génova rechazan esa interpretación y aseguran que simplemente están defendiendo la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus propios recursos.
Pero el debate sigue abierto.
Y cada nuevo acuerdo alimenta las dudas sobre hasta qué punto la estrategia popular está condicionada por sus socios de gobierno.
Una cuestión que va más allá de la política
Aunque el enfrentamiento político ocupa los titulares, numerosos expertos insisten en que el verdadero centro del debate debería ser otro.
Los menores migrantes no son estadísticas.
No son cifras.
No son herramientas de confrontación electoral.
Son niños y adolescentes que llegan a España tras recorridos extremadamente difíciles.
Muchos han atravesado desiertos, redes de tráfico de personas, travesías marítimas peligrosas y situaciones de enorme vulnerabilidad.
Los sistemas de protección existen precisamente para garantizar que esos jóvenes reciban asistencia adecuada.
Por eso organizaciones humanitarias observan con preocupación cualquier discurso que pueda convertirlos en objetivo de disputas partidistas.
Temen que la tensión política termine afectando directamente a la calidad de la atención que reciben.
El laboratorio político de España
Lo que está ocurriendo en Aragón, Castilla y León y Extremadura está siendo observado con atención dentro y fuera del país.
Para algunos analistas, estas comunidades se han convertido en un auténtico laboratorio político.
Por primera vez, Vox dispone de una oportunidad real para demostrar cómo aplicaría sus propuestas en áreas especialmente sensibles.
Hasta ahora muchas de sus posiciones podían interpretarse como declaraciones ideológicas.
Ahora tendrán que transformarse en decisiones concretas.
Y eso implica responsabilidades.
Gestionar centros de acogida, coordinar recursos sociales, responder a emergencias humanitarias y cumplir la legislación nacional e internacional son tareas mucho más complejas que lanzar consignas políticas.
Los próximos meses mostrarán hasta qué punto existe una diferencia entre el discurso y la gestión.
El factor europeo
La cuestión adquiere además una dimensión internacional.
La Unión Europea observa con creciente preocupación el auge de fuerzas nacionalistas y antiinmigración en numerosos países.
Las políticas relacionadas con menores migrantes son especialmente sensibles porque afectan directamente a compromisos internacionales sobre derechos de la infancia.
Cualquier cambio significativo en España podría tener repercusiones más amplias.
Bruselas sigue de cerca la evolución de estas políticas y numerosos organismos europeos mantienen mecanismos de supervisión sobre la protección de menores vulnerables.
Por eso el debate trasciende las fronteras nacionales.
Lo que suceda en estas comunidades autónomas podría convertirse en referencia para otros países o, por el contrario, en ejemplo de los límites que las instituciones europeas están dispuestas a imponer.
Una decisión que marcará el futuro
La cesión de competencias a Vox representa mucho más que un acuerdo parlamentario.
Es una decisión que redefine equilibrios políticos, modifica responsabilidades institucionales y abre interrogantes sobre el futuro de miles de menores.
Los defensores de los pactos aseguran que se trata simplemente de respetar los resultados electorales y permitir gobiernos estables.
Sus detractores sostienen que el precio pagado es demasiado alto.
Entre ambas posiciones emerge una realidad incontestable: la inmigración vuelve a situarse en el centro de la política española.
Y esta vez el debate no gira únicamente en torno a fronteras o cifras de llegadas.
Gira alrededor de niños y adolescentes cuya protección depende de decisiones tomadas en despachos políticos.
Mientras las comunidades gobernadas por PP y Vox comienzan a desarrollar sus nuevas competencias, España se prepara para una confrontación que promete intensificarse.
Porque detrás de cada declaración, cada pacto y cada disputa institucional existe una pregunta que continúa resonando con fuerza:
¿quién defenderá ahora los derechos de los menores migrantes cuando la batalla política alcance su punto más alto?
