“Me ha mandado Santos ir”: el auto de Pedraz sacude al PSOE y apunta a una presunta red organizada para influir en investigaciones que afectaban al entorno de Sánchez
La política española ha vuelto a entrar en una de sus fases más turbulentas. Cuando parecía que el debate público ya estaba suficientemente marcado por el caso Koldo, la investigación sobre Begoña Gómez y las continuas tensiones entre el Gobierno y la oposición, un nuevo movimiento judicial ha abierto un frente de enorme alcance.
El juez Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil personarse en la sede federal del PSOE, situada en la madrileña calle Ferraz, para recabar documentación relacionada con la denominada investigación del “caso Leire”.
La decisión judicial no solo ha provocado una intensa reacción política, sino que también ha puesto el foco sobre una serie de hechos que, según el magistrado, podrían revelar la existencia de una estructura organizada que habría actuado durante meses con el objetivo de influir en procedimientos judiciales, desacreditar a determinados investigadores y obtener información sensible relacionada con causas que afectaban al partido y al entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El auto describe una actividad que, según la investigación, no habría sido puntual ni improvisada, sino continuada, estructurada y sostenida en el tiempo.
El origen de la trama: la crisis que amenazó al Gobierno
Según el relato judicial, el punto de partida de esta presunta operación se sitúa en la primavera de 2024.
En aquel momento, el escenario político era especialmente delicado para el Ejecutivo. El juez Juan Carlos Peinado había iniciado diligencias relacionadas con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mientras que el caso Koldo comenzaba a ocupar titulares diarios y generaba una enorme presión sobre el PSOE.
La situación alcanzó tal nivel de tensión que Pedro Sánchez sorprendió al país con una carta pública dirigida a la ciudadanía en la que anunciaba un período de reflexión para decidir si continuaba al frente del Gobierno.
Es precisamente en ese contexto cuando, según el auto de Pedraz, se habría celebrado una reunión de especial relevancia en la sede socialista de Ferraz.
Entre los asistentes figuraban Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano —considerado una persona de máxima confianza de Santos Cerdán— y otros colaboradores cercanos al aparato del partido.
Uno de los elementos más llamativos recogidos por los investigadores es un mensaje atribuido a Leire Díez.
“Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió supuestamente a Víctor Fernández, expresidente de la SEPI.
Para los investigadores, este mensaje constituye una pieza especialmente relevante porque sitúa a Santos Cerdán en el centro de la organización de aquella reunión y vincula directamente el encuentro con la recopilación de información relacionada con la situación política del presidente.
Una estrategia para contrarrestar las investigaciones
El auto sostiene que aquella reunión no fue un encuentro rutinario ni una simple conversación política.
Según el magistrado, durante esos contactos se habrían acordado diversas actuaciones destinadas a neutralizar o debilitar las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y a personas próximas al presidente del Gobierno.
Pedraz describe una organización que desplegó una “actividad continuada y estructurada” orientada a la consecución de determinados objetivos.
Entre las conductas analizadas aparecen supuestos intentos de aproximación a funcionarios públicos para ofrecerles ventajas de distinta naturaleza a cambio de actuaciones que pudieran influir en su desempeño profesional.
La investigación también menciona el caso de un testigo judicial al que presuntamente se habría realizado una oferta económica con la finalidad de condicionar o modificar su declaración.
Además, el auto hace referencia a la obtención de información considerada reservada y a supuestas maniobras destinadas a influir en determinados cargos públicos para conseguir resoluciones favorables a los intereses de quienes integraban el grupo investigado.
Aunque muchas de estas acusaciones continúan bajo examen judicial y todavía no existe una resolución definitiva sobre los hechos, el contenido del auto ha generado una enorme repercusión debido a la gravedad de las sospechas planteadas.
Decenas de encuentros durante más de un año
Otro de los aspectos que más atención ha despertado es la relación mantenida entre Santos Cerdán y Leire Díez.
Según la documentación incorporada a la causa, los contactos entre ambos no se limitaron a una reunión concreta.
La investigación sostiene que desde abril de 2024 hasta mayo de 2025 mantuvieron encuentros de manera frecuente.
Los agentes habrían documentado al menos 22 reuniones celebradas en la propia sede del PSOE en Ferraz.
A ello se sumarían otras 17 reuniones mantenidas en diferentes lugares.
En total, cerca de cuarenta encuentros en apenas un año.
Para los investigadores, la frecuencia de estos contactos constituye un elemento significativo que ayuda a explicar el grado de coordinación existente entre las personas implicadas.
El auto incluso señala que, para entonces, tanto Cerdán como Leire Díez formarían parte de una estructura organizada cuya actividad no se limitaría exclusivamente a la obtención de información, sino que también estaría relacionada con presuntas gestiones orientadas a influir en procedimientos administrativos.
Santos Cerdán, señalado como figura clave
Si hay un nombre que aparece de forma constante a lo largo del documento judicial es el de Santos Cerdán.
El magistrado considera que su papel habría sido central dentro de la estructura investigada.
Según el auto, no solo habría participado activamente en la coordinación de determinadas actuaciones, sino que además habría puesto a disposición del grupo recursos y estructuras vinculadas al propio partido.
Pedraz sostiene que desde el inicio de las actividades investigadas existió un respaldo organizativo y económico que permitió mantener en funcionamiento la operativa durante un largo período.
Por ello, el exsecretario de Organización del PSOE figura entre los principales investigados en esta nueva fase del procedimiento.
Las conclusiones definitivas dependerán de la evolución de la causa, pero el hecho de que un magistrado de la Audiencia Nacional sitúe a una figura tan relevante del partido en una posición central ha elevado considerablemente la dimensión política del caso.
Los 4.000 euros mensuales y las sospechas sobre la financiación
La cuestión económica ocupa igualmente un lugar destacado dentro de la investigación.
Según diversas conversaciones recogidas en el sumario, Leire Díez habría comenzado a percibir alrededor de 4.000 euros mensuales.
La investigación analiza si esos pagos fueron canalizados a través de una consultora dirigida por Gaspar Zarrías, histórico dirigente socialista y exvicepresidente de la Junta de Andalucía.
Pero las sospechas no terminan ahí.
El auto también menciona operaciones en las que supuestamente se habría utilizado documentación que no reflejaba fielmente la naturaleza real de determinados pagos.
En una de esas actuaciones, una transferencia vinculada inicialmente a un despacho jurídico habría terminado desembocando en un pago posterior a favor de Leire Díez por la misma cantidad.
Los investigadores tratan de determinar si algunos de esos movimientos pudieron ser utilizados para ocultar la verdadera finalidad de los fondos.
De confirmarse esas hipótesis, la vertiente económica podría convertirse en uno de los elementos más comprometidos de toda la investigación.
La imputación de varios nombres destacados
La resolución judicial no afecta únicamente a Santos Cerdán y Leire Díez.
Entre los investigados también figuran Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset y Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE.
En el caso de Fuentes, el magistrado analiza su posible intervención en determinados documentos relacionados con pagos que actualmente forman parte de la investigación.
Por su parte, Pérez Dolset aparece mencionado como una figura que habría colaborado estrechamente con Leire Díez en el desarrollo de diversas actuaciones incluidas dentro del supuesto entramado.
La acumulación de nombres vinculados a distintas áreas del partido y del entorno político socialista ha contribuido a aumentar la relevancia pública del procedimiento.
Las conversaciones que apuntan al entorno presidencial
Uno de los apartados más sensibles del auto es el referido a determinadas conversaciones interceptadas durante la investigación.
En ellas aparecen comentarios que, según los investigadores, podrían interpretarse como indicios de que algunas de las actividades desarrolladas eran conocidas dentro del entorno político más cercano al presidente.
Tras una comparecencia pública de Pedro Sánchez celebrada el 29 de abril de 2024, algunos participantes de la trama comentaron presuntamente:
“Está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.
En otra conversación se escucha:
“Mira el jefe cómo cita los audios”.
No obstante, conviene subrayar que el propio procedimiento se encuentra todavía en fase de investigación y que estas conversaciones no constituyen por sí mismas una prueba concluyente sobre la participación o conocimiento directo de Pedro Sánchez.
Hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que atribuya responsabilidad penal al presidente del Gobierno.
Un golpe político de gran magnitud
La decisión de permitir la entrada de la UCO en la sede central del PSOE representa uno de los episodios más delicados para el partido desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Más allá de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse en el futuro, el impacto político es inmediato.
La oposición considera que el contenido del auto confirma la existencia de graves irregularidades y exige explicaciones públicas por parte de la dirección socialista.
Desde el entorno del PSOE, sin embargo, se insiste en que la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar y que todas las personas afectadas mantienen intacta su presunción de inocencia.
La batalla política, por tanto, está lejos de terminar.
Un caso que apenas comienza
A pesar del enorme revuelo generado por el auto de Santiago Pedraz, muchas de las cuestiones planteadas continúan abiertas.
Los investigadores deberán analizar nueva documentación, contrastar testimonios y determinar si los indicios existentes son suficientes para sostener las acusaciones que aparecen reflejadas en la resolución judicial.
Lo que sí parece claro es que el denominado “caso Leire” ha adquirido una dimensión muy superior a la que tenía hace apenas unos meses.
La combinación de reuniones secretas, pagos bajo sospecha, contactos con funcionarios, presuntas maniobras para influir en investigaciones y referencias al entorno político del presidente ha convertido esta causa en uno de los asuntos más explosivos de la actualidad española.
Mientras avanza la investigación, la frase atribuida a Leire Díez —“Me ha mandado Santos ir”— se ha transformado en uno de los símbolos de un caso que amenaza con seguir marcando la agenda política y judicial de España durante mucho tiempo.
