Burofax a Ayuso y correo a Miguel Ángel Rodríguez desde China: el origen de la condena millonaria a Madrid por un impago en pandemia.
.
La presidenta, su jefe de gabinete y Enrique Ruiz-Escudero fueron notificados de la situación. La empresa a la que se le encargó el material sanitario mostró su desesperación por la gestión regional.
.
.
.
Según contaba en las últimas horas el diario El País, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió un burofax el 17 de abril de 2020, un documento que también llega al consejero de Sanidad de aquel momento, Enrique Ruiz-Escudero.
.
.
Tener almacenada la mercancía en el país asiático supuso un coste altísimo y, ahora, la Justicia condena a la Comunidad de Madrid al considerar que ésta no tramitó correctamente el pedido, por lo que el acuerdo fue nulo, pero achaca la responsabilidad a la administración pública.
.
.
Es ahí donde se aprueba invertir 23 millones de euros en traer aviones cargados de material sanitario desde China, más de 50 toneladas para distribuirlas por todo el territorio a través del hospital de Ifema, un hito sanitario, quizá no es atrevido decir, sin precedentes. Lo complicado es conseguir el material.
.
Comunicaciones de la empresa.
La Comunidad de Madrid elige a CQS que, para hacerse con el encargo, debe aportar todo tipo de facilidades de pago a la administración, pero lo que se iba a convertir en uno de los grandes éxitos del momento por parte de la coalición PP-Cs empieza a fallar.
.
El 26 de marzo de 2020, el director general del proceso integrado de salud en el Ejecutivo de Ayuso firma un informe en el que detalla que el material “será transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”, según cuenta el periódico mencionado anteriormente.
.
Apenas unos días después, el 3 de abril, la empresa comunica que “la mercancía aguarda en las fábricas las instrucciones para la entrega en el aeropuerto de Shanghái para el embarque en el vuelo concertado por la Comunidad de Madrid” y que “espera instrucciones del embarque”.
.
.
A finales de mes, la Comunidad de Madrid todavía no ha encontrado solución, y la empresa se “ve en la obligación de llevar a cabo una serie de acciones con el fin de ejecutar el contrato” que pasan, por ejemplo, por “buscar aviones a nuestra propia costa”, lo cual supone “un esfuerzo económico que pone en alto riesgo la viabilidad de la empresa”.
.
El material llega, pero con el “esfuerzo económico” de la compañía.
El “esfuerzo económico” permite que el material aterrice en España y Madrid no es capaz de demostrar que no lo usara, según la sentencia. La misma refleja que la administración de la Puerta del Sol rechazó las facturas alegando que el pedido inicial no fue finalmente autorizado por el Consejo de Gobierno.
.
.
El tribunal ha tumbado estos argumentos: “Las alegaciones de la administración no pasan de ser meras hipótesis desprovistas de prueba (…) No sólo ha quedado demostrado que la CAM procedió a realizar el encargo sin cumplir con las mínimas formalidades exigidas por la normativa presupuestaria –lo cual no es en modo alguno imputable a la contratista ni por la legislación de emergencia nuevamente no imputable a la contratista-. Es más, la apariencia de legalidad de la contratación era plena, y la confianza en la regularidad de la contratación de emergencia también plenamente legítima”.
.
Según el tribunal, la región actuó, pero sin competencias, autorización del consejo de gobierno ni fiscalización previa. El acuerdo era nulo, pero achacable a la Comunidad, obligada ahora a pagar más de tres millones de euros entre la restitución del valor del material y daños y prejuicios.
.
