Lo que empezó como una investigación técnica sobre contratos públicos durante la pandemia ha ido mutando, capa a capa, hasta convertirse en un relato mucho más incómodo. No es solo una cuestión de cifras. Ni siquiera de procedimientos administrativos. Es, sobre todo, una historia sobre cómo se ejerce el poder cuando los mecanismos de control se debilitan y la frontera entre lo legal y lo cuestionable comienza a difuminarse.

 

En el centro de este entramado aparece el nombre de Alberto Núñez Feijóo, no tanto por una imputación directa —que no existe en este momento—, sino por la red de relaciones, contratos y decisiones que se han ido documentando en torno a su etapa al frente de la Xunta de Galicia.

 

Los datos que han ido emergiendo en investigaciones periodísticas y análisis documentales dibujan un patrón que, aunque formalmente encuadrado dentro de la legalidad, plantea interrogantes difíciles de ignorar. Entre 2018 y 2024, más de 31 millones de euros en contratos públicos habrían sido adjudicados a empresas vinculadas al entorno familiar y personal del entonces presidente gallego. No se trata de un caso aislado. Es una suma. Una acumulación. Una repetición que convierte lo excepcional en habitual.

 

El mecanismo utilizado no es desconocido. Se basa en figuras legales como los contratos menores o los contratos de emergencia. Herramientas diseñadas para agilizar la gestión administrativa en situaciones concretas, especialmente durante contextos críticos como la pandemia. Pero precisamente ahí reside el problema: cuando lo excepcional se convierte en norma, el sistema deja de funcionar como fue concebido.

 

Los contratos menores, por definición, no requieren concurso público. No exigen publicidad. No obligan a comparar ofertas. Permiten adjudicar directamente a una empresa concreta. Son útiles para operaciones de bajo coste, rápidas, puntuales. Pero cuando se utilizan de forma masiva, reiterada y concentrada en determinados actores, la lógica cambia.

 

Según los datos analizados, muchas de estas adjudicaciones se situaban justo por debajo del límite legal que obliga a licitar públicamente. Cantidades calculadas al céntimo para evitar la competencia. Decisiones discrecionales que, aunque legales en apariencia, generan una pregunta incómoda: ¿por qué siempre las mismas empresas?

 

Entre los casos más destacados aparece el de Universal Support, una empresa de telemarketing dirigida por un familiar directo del entorno político. Sin experiencia previa en el ámbito sanitario, fue seleccionada para gestionar tareas clave durante la pandemia, como el rastreo de casos o la atención telefónica a pacientes. El volumen de contratos que recibió supera los 24 millones de euros. Una cifra que, por sí sola, obliga a detenerse.

 

Otro ejemplo es el grupo Eulen, vinculado a la hermana de Feijóo, que acumuló millones en contratos menores durante los últimos años. O empresas como Sargadelos, que incorporaron a personas del entorno cercano en roles de asesoría. O Allwork, que pasó de una actividad prácticamente inexistente con la administración a recibir decenas de adjudicaciones tras cambios en su estructura societaria.

 

Cada caso, por separado, puede explicarse.

Pero juntos, forman un patrón.

 

Y es ese patrón el que ha generado inquietud.

No se trata únicamente de si hubo irregularidades legales. De hecho, hasta ahora no se han establecido responsabilidades penales concretas. El debate se sitúa en otro nivel: el ético. El estructural. El de la equidad en el acceso a los recursos públicos.

 

Porque el principio básico de la contratación pública es la igualdad de oportunidades. Que cualquier empresa, en condiciones similares, pueda competir por un contrato. Que el dinero público se asigne en función de criterios objetivos. Cuando ese principio se diluye, incluso dentro de la legalidad, la percepción cambia.

Y la percepción importa.

 

Especialmente en política.

El problema se agrava cuando se analizan las dificultades para fiscalizar estas decisiones. Según la documentación disponible, ni siquiera el Parlamento gallego habría recibido información completa sobre todos los contratos. Faltan expedientes. Faltan referencias. Faltan respuestas.

 

Esta opacidad no implica necesariamente ilegalidad.

Pero sí debilita la confianza.

 

Porque si todo es correcto, ¿por qué no mostrarlo con claridad?

A ello se suma el bloqueo institucional en determinados procesos de investigación. La negativa a permitir comparecencias clave, la falta de respuesta a solicitudes de información, la fragmentación de los datos. Todo contribuye a generar una sensación de control limitado sobre el uso de los recursos públicos.

 

Y en ese contexto, el debate se traslada inevitablemente a la ciudadanía.

No es una cuestión técnica.

 

Es una cuestión de confianza.

¿Se están utilizando correctamente los fondos públicos?

 

¿Se están respetando los principios de transparencia y competencia?

¿O estamos ante un sistema que, sin romper la ley, la rodea?

 

Las respuestas no son simples.

Porque el marco legal permite este tipo de adjudicaciones en determinadas circunstancias. Pero la reiteración, la concentración y la falta de transparencia introducen un elemento que va más allá de lo jurídico.

 

Introducen la duda.

Y la duda, en política, es corrosiva.

 

Otro elemento que añade complejidad es la conexión entre lo público y lo privado. Las empresas implicadas no solo reciben contratos. También están vinculadas a estructuras empresariales más amplias, con participación de actores relevantes en distintos sectores. Esto crea una red en la que las relaciones personales, económicas y políticas se entrelazan.

No es necesariamente ilegal.

 

Pero sí delicado.

Porque dificulta la separación entre interés público e interés privado.

 

El caso también pone de relieve un problema estructural del sistema de contratación: la falta de mecanismos eficaces para detectar patrones de adjudicación repetitiva. Cada contrato, analizado individualmente, puede parecer correcto. Pero cuando se observan en conjunto, emergen tendencias que deberían activar alertas.

Sin embargo, esas alertas no siempre se activan.

 

O no lo hacen a tiempo.

La responsabilidad de corregir estas situaciones no recae únicamente en los tribunales. También en los órganos de control, en las instituciones políticas y, en última instancia, en la presión social.

 

Porque hasta ahora, como reconocen distintas fuentes, no ha habido consecuencias legales directas.

Y eso plantea otra pregunta incómoda.

 

¿Es suficiente que algo sea legal para que sea aceptable?

La historia reciente muestra que no siempre.

 

Hay prácticas que, sin vulnerar la ley de forma explícita, erosionan los principios que la sustentan. Y cuando eso ocurre, el sistema necesita revisarse.

No necesariamente para castigar.

 

Pero sí para corregir.

El caso vinculado a la etapa de Feijóo en Galicia no es un caso cerrado. Es un proceso en evolución. Su desenlace dependerá de múltiples factores: la actuación de los órganos judiciales, la presión política, la capacidad de los medios para seguir investigando y, sobre todo, el nivel de exigencia de la ciudadanía.

 

Porque, al final, el control del poder no es solo institucional.

Es social.

 

Y en ese control, la información juega un papel clave.

Lo que está en juego no es solo la reputación de un líder político o de un partido.

 

Es algo más amplio.

Es la credibilidad del sistema.

 

La idea de que el dinero público se gestiona con criterios justos.

De que las reglas son iguales para todos.

 

De que el acceso al poder no implica privilegios ocultos.

Cuando esas ideas se debilitan, el impacto trasciende cualquier caso concreto.

 

Afecta al conjunto.

Y recuperar esa confianza es mucho más difícil que perderla.

 

Por eso, más allá de las cifras, de los nombres y de los procedimientos, este caso deja una enseñanza clara.

El poder, cuando no se vigila, tiende a concentrarse.

 

Y cuando se concentra, busca caminos para protegerse.

La función de una democracia no es evitar que eso ocurra.

 

Es detectarlo.

Exponerlo.

 

Y corregirlo a tiempo.

La pregunta es si estamos a tiempo.

O si, una vez más, la línea entre lo legal y lo aceptable ya ha sido cruzada sin que nadie lo detenga.